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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10785/241
Title: Expresión, Abril 2008
Authors: Vargas, Gustavo Adolfo
Ramírez, Sebastián
Tobar, Ana Cristina
Cristancho Ossa, Fabián
Caro Morales, Agustín Mateo
Issue Date: 31-May-2011
Series/Report no.: Periódico;
Abstract: El escándalo de la parapolítica no deja de ser noticia, ya tiene entre manos a 31 congresistas detenidos por órdenes de la Corte Suprema de Justicia y cada día parece ser el inicio de una lista sin fin. Incluso hay 32 congresistas más en investigaciones preliminares. Sin duda alguna, Colombia está pasando por una crisis institucional; los vínculos descubiertos entre la política y los grupos armados ilegales permiten constatar la debilidad del Estado colombiano, dejando en entredicho, una vez más, la credibilidad del país a nivel internacional. Uno a uno van desfilando los dirigentes políticos, desde el Congreso hasta la cárcel, sin importar si están ejerciendo un cargo o si por el contrario ya no hacen parte de este gremio, como es el reciente caso del ex presidente del Senado, Mario Uribe Escobar, primo del Presidente Uribe. Este hecho ha desatado toda clase de debates, injurias y acusaciones, no sólo por sus vínculos con la parapolítica, sino por la manera en que pretendía huir de sus responsabilidades. En medio de este panorama de incertidumbre y desesperanza, en términos políticos, la Corte Suprema de Justicia hace su aparición y como la más alta instancia judicial ha dado una voz de aliento ante el escepticismo que respira el país a la hora de hablar de justicia. Escepticismo que se consolida en la misma medida en que los casos de corrupción se van ventilando. De hecho, la Corte Suprema es quizás la única institución que ha demostrado firmeza ante la altanería del Presidente Uribe y está dispuesta a continuar en su labor de desmantelar a aquellos dirigentes que hacen parte de este juego paramilitar, sin importar si rompe los intereses de grandes personalidades del país. De esta manera busca que cada quien asuma la responsabilidad de sus hechos sin temor de herir susceptibilidades. En este contexto, la propuesta por parte del Gobierno de crear un tribunal especial que juzgue al Presidente, a los congresistas y a los magistrados de las altas cortes, justo en el momento en que la Corte Suprema de Justicia está llamando a rendir cuentas a congresistas involucrados en la parapolítica, deja ver la intención por parte del mandatario de crear estratégicamente instituciones que vayan con los intereses políticos de ciertos grupos. ¿Será que la reforma es la manera más sensata de asumir esta responsabilidad política? ¿Ésta es la manera de demostrar que Colombia es un Estado de Derecho? Ante panoramas como los ya descritos, es importante apoyar fielmente las investigaciones que está liderando la Corte Suprema de Justicia, ya que buscan esclarecer las vinculaciones de políticos no sólo con paramilitares sino también con el narcotráfico y la guerrilla, de esta manera comprobar que Colombia es un país de derecho no sólo porque está incluido en un discurso, sino porque se demuestra con hechos.
URI: http://hdl.handle.net/10785/241
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